Baja de Pensiones por discapacidad

Julio Chit
El gobierno de Cambiemos dio de baja más de 83.000 pensiones no contributivas en lo que va del año. Entre ellas las que recibían más de 71.000 discapacitados de todo el país. “…Si cometimos algún error en algún caso específico será considerado y resuelto a la brevedad”. Con estas líneas cierra el comunicado oficial emitido luego de que se difundiera la información.
Elecciones 2017

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) “se ha registrado en la primera parte de 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa. La mecánica de implementación de estas bajas fue sin aviso. Los titulares se dan cuenta de que no pueden cobrar su pensión cuando se dirigen a un cajero o en la ventanilla del banco”.

El mismo informe señala que “sólo el 30% de estas suspensiones se rehabilitan, ya que los titulares de derecho en muchos casos son personas de bajos recursos que simplemente se resignan. Además, las rehabilitaciones tardan 8 meses en resolverse, aunque la causa sea un error de sistema, solicitando al beneficiario la documentación actualizada, inclusive el certificado médico que ya tuvieron que presentar para el otorgamiento del derecho”.

Estas bajas se suman a las más de 90.000 que se registraron durante 2016. Un total de 170.000 pensionados menos desde que asumió Mauricio Macri.

La Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que las pensiones se volverán a pagar automáticamente sin que los damnificados deban realizar trámite alguno, ya que los beneficios suspendidos en junio se re-liquidarán en julio. Pero de todas maneras esas personas deberán acercarse a la Oficina más cercana para saber qué requisitos tienen que cumplir y evitar que les quiten la pensión. Stanley dijo además que en muchos casos no tenían los teléfonos de algunos de estos pensionados. ¿Qué pasará si no se pueden contactar con estas personas? ¿Les darán nuevamente de baja la pensión? Son personas que en muchos casos accedieron a este beneficio porque el Estado fue a “buscarlos”. Son personas que no tienen acceso a la información que circula por los medios de comunicación o a través de las redes sociales. No cuentan con los medios para llegar con facilidad a una oficina, porque el costo de ese viaje los pone en la disyuntiva de trasladarse o comer.

Walter Pignataro es Secretario General de la junta interna de ATE Pensiones en Capital Federal, y nos contó que “las personas llegan llorando luego de que fueron al cajero y no encontraron el dinero. Además, son personas que padecen patologías graves y, sin la cobertura médica que les da la pensión, su salud queda al desamparo.”

Pignataro nos confirmaba que la promesa de Stanley de volver a pagar automáticamente todos los beneficios dados de baja no se cumplió y que sólo se re-liquidó un 12% del total de pensiones recortadas.

MODELOS

Antes de 2003, el sistema de pensiones funcionaba condicionado por un “cupo” a nivel nacional. Es decir, había una cantidad “X” de pensiones que se distribuían entre los solicitantes que cumplían con los requisitos. Una vez cubierto ese cupo, los que quedaban afuera, aún cuando cumplían con los requisitos, tenían que esperar una baja para acceder al beneficio. Hablamos de la muerte de otra persona o una eventual renuncia voluntaria. Luego del año 2003, el presupuesto para esta política se multiplicó exponencialmente y se liberó el cupo para permitir que todo aquel que cumpliera con los requisitos pudiera tener su pensión.

Desde 2003 y hacia fines de 2014 se entregaron 1.608.601 pensiones con las que personas no sólo accedieron por derecho a un haber mensual sino que también pudieron acceder al sistema de salud con la cobertura del Programa Federal Incluir Salud (PROFE). Es un sistema sanitario con limitaciones, perfectible por donde se lo mire, pero para quienes no tenían posibilidad alguna de atender sus problemas de salud, este avance fue reparador.

El informe del CEPA analiza la evolución del otorgamiento de las pensiones en el período 2003-2014. En 2003 se otorgaron 4.999 pensiones a la vejez, y en 2004 se dieron de alta más de 27.000. Este salto “para arriba” muestra la decisión de asistir a una población muy vulnerable como lo eran esos adultos mayores que vivían en condiciones de indigencia graves. Adultos que no contaban con ningún tipo de cobertura previsional debido a décadas de empleos perdidos y creciente informalidad del mercado laboral y que, además, no dejaron aportes en un sistema de reparto, sistema que ya había sido fracturado por la llegada de las AFJP y el sistema de capitalización.

A partir de ese año, fundamentalmente con la sanción de las dos moratorias previsionales en el 2005 y en el 2014, el número de pensiones a la vejez entregadas por año se redujo ostensiblemente. Para graficar este salto, en el año 2008 se entregaron 1.573 beneficios, y en 2014 solo 260.

"En estos cruces, que son mensuales, se han dado de baja pensiones, algo que ha ocurrido también en el pasado. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones, con los mismos criterios de hoy”, declaró Stanley.

Esta afirmación es una falsedad, o una omisión deliberada, y si pecamos de ingenuos, otro error. En el año 2015 hubo un aumento significativo de las jubilaciones y pensiones ordinarias con la que muchos hombres, pero sobre todo mujeres, pudieron jubilarse completando los 30 años de aportes obligatorios que exige el sistema previsional. Este nuevo beneficio era incompatible con el cobro de una pensión no contributiva, por lo que el acceso a una jubilación a través de la moratoria implicaba renunciar obligatoriamente a partir del primer mes de cobro a la pensión. Fue así que se incrementó el número de bajas en las pensiones, pero debido a que estas personas accedían por derecho a un beneficio superador. No fueron dadas de baja por una decisión política de recortar el número de pensionados, como sí está pasando con esta gestión.

En relación a las pensiones por invalidez, en 2003 se dieron de alta 2.711 pensionados, en 2012 el pico tocó las 172.509 altas, y en 2014 fueron 126.524 las personas que acreditaron su invalidez para acceder a la pensión.

Sería bueno observar que el incremento tiene que ver con varios factores. No solo con la decisión de otorgar las pensiones a todo aquel que le correspondía, sino que además el número habla de una población laboralmente activa que durante décadas trabajó en tareas muchas veces insalubres, en condiciones precarias y por supuesto informales, con el consecuente deterioro de la salud a muy temprana edad.

Por último, la aparición de la Asignación Universal por Hijo en el año 2009, influyó sobre las altas de las pensiones no contributivas otorgadas a las madres de 7 hijos. Durante el 2009 se otorgaron más de 65.000 pensiones, y en 2010 más de 34.000. A finales de 2014, este número ya había descendido a poco más de 12.000.

CAUSAS Y EFECTOS

El Ministerio de Desarrollo justificó este recorte violento aduciendo, entre otras causas, que muchos de esos pensionados tenían un vehículo a su nombre.

Muchos de esos pensionados que tenían un auto eran personas discapacitadas que resolvían muchas de sus limitaciones físicas con la posibilidad de trasladarse en un vehículo. Trabajadores sociales encargados de entrevistar a los solicitantes de la pensión nos comentaban que la posesión de un automóvil siempre fue un indicador para evaluar las condiciones socioeconómicas, pero que el criterio no era taxativo sino que se observaba dentro de un contexto socio-sanitario en el cual vivían esas personas. En muchos casos poseían vehículos muy antiguos, que ni siguieran funcionaban, y que nunca habían podido vender debido a que no contaban con el dinero para realizar una transferencia.

Otro de los argumentos es que no acreditaban la incapacidad reglamentaria del 76% fijada por ANSES. Esto es un criterio relativo, ya que la incapacidad debería ser evaluada como una limitación para realizar una tarea laboral concreta. Es decir, si por ejemplo una persona no cuenta con un brazo o una pierna y trabajaba en la construcción, aunque no acredite más del 76% de discapacidad requerida, lo mismo está incapacitado para desempeñar el trabajo que realizaba. Estas particularidades sólo pueden ser vistas si se atiende a cada persona como un universo y no como un dato o una estadística.

El informe del CEPA explica que se comenzó a aplicar un decreto reglamentario de 1997 para dar de baja las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad. Este decreto exige probar la indigencia de quienes solicitan el beneficio. “Las leyes por la cuales se otorgan las pensiones no han cambiado, ha cambiado el paradigma con que se establecen los criterios. Se ha dejado de hablar de una invalidez que incapacita y de un sujeto que por diversas circunstancias económico-sociales ha quedado fuera del mercado laboral sin tener una discapacidad.”

Los trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones, que depende del Ministerio conducido por Stanley, están en alerta debido a un clima hostil que se vive al interior de esta dependencia. Además de los recortes, se observan otros manejos sospechosos en relación a la documentación presentada por los solicitantes.

La Junta Interna de ATE de esta repartición pública difundió un comunicado donde señala que las pensiones tramitadas durante esta gestión tienen una demora promedio de un año y medio, entre el inicio y el otorgamiento. Y además, que los expedientes acumulados en la sede central del organismo fueron trasladados a la sede de capacitación del Ministerio de Desarrollo Social de la calle Alsina en Capital Federal, sin que nadie conozca los motivos de esta decisión.

Los damnificados de todo el país ya presentaron amparos individuales y colectivos para frenar la medida. Incluso ya se emitieron fallos favorables en algunas jurisdicciones como Viedma, donde la Justicia ordenó restituirle la pensión a más de 400 ciudadanos.