Emergencia sin crisis

Julio Chit
Se inaugura otro capítulo de “emergencia económica” en nuestra ciudad. En lo que va de la actual gestión, esta es la segunda vez que el Concejo Deliberante sanciona con fuerza de ordenanza un proyecto de este tipo. La “crisis” y la “pesada herencia” de la gestión anterior, siguen siendo los principales argumentos esgrimidos para justificar el mal estado de las cuentas municipales; pero los números no dicen lo mismo. En el medio de ambas “emergencias”, un intento de municipalización de la Escuela “La Serrana”, asesores de imagen, y el escándalo de los  42 mil pesos costaron la pauta publicitaria en la Voz del Interior como “Intendente del año”. ¿Existe tal crisis? El Ejecutivo en la mira...
Emergencia económica en Río Ceballos 2

Por Julio Chit. Periodista de Buena Vista Radio

El miércoles 17 de mayo el Concejo Deliberante de Río Ceballos declaró a la ciudad en “emergencia económica” en el marco de una supuesta crisis que desconocen los mismos impulsores del proyecto y los números de las cuentas municipales.

El Concejo Deliberante transfiere varias de sus obligaciones al Ejecutivo, que podrá manejar discrecionalmente fondos específicos sin control del cuerpo legislativo hasta el 31 de diciembre de 2017.

Avanzar en contrataciones y compras sin la previa fiscalización del Concejo y evitar los procesos licitatorios establecidos por ordenanza son algunas de esas atribuciones, además de poder disponer la rescisión de contratos y convenios de manera unilateral.

Esta misma emergencia fue declarada en agosto de 2016 y caducó luego de 180 días. El fundamento en aquella oportunidad fue el contexto crítico para las Sierras Chicas luego de la catástrofe del 15F. Sin embargo, mientras el resto de los municipios salió de la emergencia al concluir el 2016 y hoy administran sus cuentas con normalidad, Río Ceballos sigue en ese estado precario.

El proyecto fue aprobado con tres votos de la bancada radical oficialista, mientras que Andrea Leguizamón, de Unión por Córdoba, y Sergio Rutilli, del PRO, votaron en contra. Estuvieron ausentes por motivos personales Diego Graieb, también del Peronismo, y Marcelo Leimgruber, del bloque radical oficialista.

FUNDAMENTOS

El proyecto aprobado con fuerza de Ordenanza N° 2393/17, esgrime entre sus argumentos la necesidad de seguir saneando las cuentas municipales. Ese texto asegura que Omar Albanese habría recibido el municipio con una deuda aproximada de $40.000.000 que en la actualidad ya se habría reducido en un 50%. También expresa la necesidad de seguir acondicionando la flota de automóviles y máquinas, otra pesada “herencia” de la anterior gestión.

Conversamos con Martín Rivero (UCR), Presidente del Concejo Deliberante de Río Ceballos desde 2015 en su primera experiencia dentro del cuerpo legislativo.

Rivero cuenta que la composición de la deuda que les dejó la gestión del ex intendente Spicogna fue una “caja sorpresa”. “Empezaron a aparecer otras deudas, otros compromisos asumidos por la gestión anterior que todavía no estaban dentro del circuito administrativo, y la deuda fue creciendo hasta llegar a ese monto.”

¿Cómo se explica que un Municipio en crisis pudo pagar $20.000.000 de deuda que representaba el 15% del presupuesto aprobado para el año 2016?

Según Rivero se redujeron al 50% los subsidios que otorgaba el municipio a cambio de contraprestaciones: se ahorró el 30% del gasto en combustible. A pesar de que Albanese también dio de alta algunos contratos, la reducción final del total de contratados fue del 20%, mientras que en la planta permanente afirmó que no hubo ingresos.

PRESUPUESTO Y EMERGENCIA

El municipio recauda dinero por diferentes vías, pero fundamentalmente a través de los impuestos y tasas que recaudan con el aporte y el pago de todos los ciudadanos. Existen otras fuentes, como son la Coparticipación o fondos específicos como el FOFINDES, el llamado “Fondo Sojero”, FODEMEP, entre otros. Que además son fondos que en muchos casos tienen destinos específicos y no pueden ser gastados en otros ítems.

A pesar de la crisis que supuestamente atraviesa el municipio, el presupuesto aprobado para 2017 es de $247.520.000. Un aumento del 90% en relación al de 2016. Muy superior al aumento otorgado a los trabajadores municipales, e inclusive a la importante suba en los impuestos y los servicios públicos.

Llama la atención que entre los gastos previstos en el presupuesto 2017 aparezcan $600.000 mensuales en horas extras o $170.000 mensuales en honorarios de asesores cuya función no está detallada en ningún lugar. Pero el dato más llamativo es el 0,5% de la coparticipación que se destina al “FORO DE INTENDENTES RADICALES”. Este gasto está vigente por una ordenanza del año 2016 y representa un gasto mensual de $93.800 que los “Boina Blanca” reciben gracias al esfuerzo del pueblo de Río Ceballos.  No se entiende y no se explica por qué los vecinos de un municipio deben solventar los gastos de un espacio partidario.

Para Rivero “si uno se manejara por la lógica, algunas cuestiones no se entenderían. Pero en la política no todo es lógica.” Según su mirada, gracias a este foro, al que también se sumaron sus aliados del PRO, se pudo obligar a la provincia a que le devolviera el porcentaje que le correspondía a cada municipio de Córdoba.

El proyecto de ordenanza con el que se aprobó la emergencia no especifica en ningún lugar cuáles son los gastos que hoy no podrían ser afrontados. Tampoco se explica qué pasó durante estos meses del 2017, luego de que finalizara la anterior emergencia sancionada en 2016, para que ahora se apruebe esta ordenanza.

Rivero explicó que “no hay crisis económica en Río Ceballos, y que solo se trata de una emergencia sancionada a los fines de dotar de herramientas financieras al ejecutivo para que pueda afrontar los gastos e inversiones proyectadas”. Y agregó que “solo se gastará lo que ingrese para evitar seguir trasladando deudas de un ejercicio a otro”.

La realidad económica del municipio no coincide con “la crisis” aludida en el proyecto sancionado. La coparticipación aumentó un 15% luego del fallo de la Corte, y trepó un 53% por encima de lo que aportó en 2016. El FOFINDES también aumentó, el FASAMU, que es un fondo anticrisis para el saneamiento de los municipios otorgado por la provincia, también creció, al igual que el fondo “sojero”, destinado exclusivamente a la realización de obras de infraestructura.

Para Andrea Leguizamón, de Unión por Córdoba, que se opuso a la aprobación, del proyecto, “los artículos y la ordenanza en general, carecen de fundamentos precisos y adecuados para un estado de la Emergencia Económica que es similar al estado de necesidad, y que debe entonces  quedar clara la necesidad de la norma”.

La concejala también se refirió con preocupación a algunas obras muy importantes a realizarse con aportes provinciales ya depositados en las cuentas del Municipio, como la realización del cordón cuneta en la calle Paraguay, por el que ya se depositaron $1.600.000 para su ejecución, sumado a la tan esperada obra del gas natural en todo el corredor. “La emergencia se declara para habilitar maniobras administrativas que evitan la rendición de cuentas a la ciudadanía y legitiman la falta de control”. Y agregó que “la centralización en la toma de decisiones, en especial la que se ejecuta sobre aspectos económicos, debilita la democracia y la institucionalidad.”

Martín Rivero nos explicaba que “parte de esos fondos específicos se utilizaron para pagar deuda que tenía el municipio, lo que no se podría hacer si no estás dentro de la emergencia económica. De lo contrario estaríamos incurriendo en una malversación de fondos. No quiere decir que te lo estás robando, sino que lo estás usando para un fin para el que no fue determinado. (…) Con estas previsiones económicas, al estar gastando menos de lo que ingresa, podemos pagar deuda, hacer frente a los compromisos que vamos asumiendo y devolverle a estos fondos que tienen una finalidad específica el dinero que sacamos”. Explicaciones que podrían haber sido parte de la fundamentación del proyecto.

Hemos tratado de contactar, sin fortuna, al Concejal del PRO Sergio Rutilli para que nos dé sus argumentos para votar en contra de la emergencia, ya que durante la sesión no hizo uso de la palabra y solo levantó la mano a la hora de votar.

Otro aspecto llamativo es que se afirma como uno de los motivos para sancionar la emergencia el mal estado de la flota de vehículos y máquinas municipales. Pero al mismo tiempo se informa sobre la adquisición de una motoniveladora, un camión con caja volcadora y 10 desmalezadoras. Sumado ésto a que el Ejecutivo contrató durante lo que va del año a dos empresas privadas para que mantengan los espacios verdes, a las que ya se les pagó más de $500.000 por la prestación de un servicio que antes lo garantizaban los empleados y máquinas del municipio.

Cabe preguntarse si con los recursos destinados a estas empresas privadas y lo que se gastó para comprar los vehículos y máquinas nuevas, no se podía poner en condiciones la flota y máquinas del municipio. Según Rivero, el Estado de los vehículos y máquinas era “tan calamitoso” que era mucho más costoso repararlos, que comprar máquinas nuevas y contratar vehículos privados para garantizar los servicios.

CURIOSIDADES

El Municipio de Río Ceballos contrató al Payaso “Piñón Fijo” para una actuación el 28 de febrero de 2016 por la suma de $165.000, mediante la Orden de Pago Nº 668/16. Detrás de esta contratación, onerosa para un municipio en crisis, hay una situación que aún no se esclareció, y que tiene como protagonista a Jorge Omar Petrello. Esta “hada madrina” se acercó al Municipio y ofreció cubrir los costos de este espectáculo. Petrello es de Colonia Caroya, y tres semanas después de realizado el show, entregó un cheque con el que la Municipalidad de Río Ceballos se iba a cobrar el dinero para recuperar lo que ya se había pagado por la actuación del payaso cordobés. Pero para la sorpresa de todos, el Banco de Córdoba impidió el pago de este cheque por falta de fondos en la cuenta.

Al respecto de este confuso episodio, Rivero afirma que el municipio no pagó el show de Piñón Fijo. Si bien reconoce la existencia de Petrello, dijo que cuando el municipio fue a cobrar el cheque para pagar la actuación que ya se había realizado y no tenía fondos, esto fue informado a la productora y todo derivó en un conflicto entre particulares en el que ya nada tiene que ver el Municipio. “Río Ceballos solo cubrió gastos operativos y de logística.”

Para el remate, los días 4 y 5 de febrero de 2017 se realizó una carrera de Mountain Bike en el “Ñu Pora Bike Park”, un circuito privado cuyo propietario es Martín Artal. Allí se corrió el “Abierto Across Internacional”, un evento en el que compitieron más de 350 corredores que pagaron una inscripción promedio de $500. Pero el Ejecutivo que hoy se declara en emergencia económica le donó $160.000 a este privado para financiar el evento, que además cuenta con el auspicio de otras firmas comerciales.

La carrera sirvió para que ese fin de semana se incremente la ocupación hotelera y seguramente otros comercios vendan más a los visitantes. Pero sería bueno saber si era necesario el aporte de un municipio en crisis a un particular que quizás, sin esa ayuda, de todas maneras hubiese hecho un buen negocio.

Ambas erogaciones parecen no representar inversiones fundamentales en el marco de una supuesta crisis que hoy justifica la sanción de la emergencia y que algunos no logramos identificar.

CERTEZA

Río Ceballos es el único municipio de Sierras Chicas que se ha declarado en este estado. Pero por los datos relevados no estaría atravesando una crisis. Aumentó el presupuesto, se pagaron deudas y se prometen obras. Sin embargo, los representantes del ejecutivo y sus concejales, se esfuerzan en hablar de una situación crítica que heredaron y que justificaría la sanción de la emergencia económica.

La única cosa que parece segura, es que luego de un año y medio de gestión, la emergencia económica le permite a Omar Albanese disponer de los recursos del municipio de manera discrecional, sin el control y la autorización previa que debe realizar y conceder el Concejo Deliberante para evitar actos de corrupción y malversación de los fondos públicos.

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