REFORMA LABORAL: Cuando el Estado no protege a los trabajadores

Juana Farras
Cuando hablamos de reforma laboral es recurrente escuchar decir “yo tengo que trabajar igual”. En un punto esto es cierto, porque en toda sociedad es necesario que cada uno aporte de alguna manera para que se produzcan los bienes que necesitamos. Lo que cambia es cuánto tenemos que trabajar, en qué condiciones y cuánto es lo que ganamos. En esta nota proponemos relevar algunos puntos claves para entender de qué manera nos afectará la concreción de este proyecto.
¡Es ahora o nunca!

-Antecedentes y situación Brasil

Para entender la Reforma Laboral y en qué nos afecta a cada uno de los trabajadores es necesario situarla en un contexto. Actualmente, estamos inmersos en un escenario en el que las grandes corporaciones y el capital concentrado vuelven a la ofensiva en su estrategia de esclavizar a los trabajadores a los fines de aumentar sus ganancias. “En su renovada ofensiva sobre la región, las derechas buscan avanzar violentamente sobre los derechos y las libertades de los pueblos. Los objetivos del capitalismo más explícito se asumen desde un recargado arsenal de ideas neoliberales que, retrocediendo el reloj de la historia, buscan derrotar las conquistas logradas por la lucha de clases y profundizar las políticas de explotación y exclusión de la clase trabajadora”[1].
El 11 de julio Brasil sancionó la Reforma Laboral y en el mes de agosto Francia se puso en la misma tarea. Tan pronto se divulgó la noticia, el poder financiero radicado en nuestro país comenzó a exigir iguales condiciones para no perder “competitividad” respecto al país vecino en particular, y al mundo en general, en la oferta para la lluvia de inversiones.   
Uno de los principales fundamentos que expresan los sectores liberales refiere a bajar los costos laborales para ganar competitividad. Pero… ¿cómo se participa en esta competencia? El costo laboral en Brasil y México son, respectivamente, 20 y 40% más bajo que en Argentina. Esto significa que para un empresario y para el Estado contratar a un trabajador en nuestro país resulta entre un 20 y un 40 % más caro que en estos otros puntos de América Latina. 

        
El costo laboral se define por el aporte que hace el empleador y los trabajadores para garantizar las cargas, beneficios y derechos sociales. Este incluye: el salario, el pago a la seguridad social y a seguros privados en beneficio de los empleados y, ocasionalmente, indemnizaciones o compensaciones, formación, transporte y dietas del personal. Es alto o bajo según la cantidad de derechos que se le reconocen al trabajador. En un estado proteccionista que reconoce que el trabajador debe alimentarse, vestirse, tener acceso a la salud, a la educación, a vacaciones y contar con un piso de dignidad para poder producir, el salario no se entiende como un “COSTO” sino como una inversión dado que un trabajador en condiciones sanas, bien alimentado y con determinado nivel educativo tiene mayor rendimiento. Por el contrario, en un estado liberal donde el salario es un costo, cada uno de los derechos aumentan ese costo, por lo que hay que recortarlos. Entrevistada por Pagina 12, la economista laboral norteamericana Teresa Ghilarducci dice: “Está comprobado que la baja de los salarios –que surge como efecto de la reducción del poder de negociación colectiva– no implica una mejora en la productividad. En cambio, puede empeorarla”. Pienso que es necesario ir aclarando y ejemplificando algunos conceptos.

-La debilidad política de Brasil/la debilidad económica de la Argentina:

Luego de la destitución de Dilma Rousseff efectivizada por el poder político, financiero y mediático, quien tomó el poder, Michel Temer, se encuentra involucrado en diversas causas de corrupción y, según todas las mediciones, en las próximas elecciones se demostraría su rechazo. Esto no daría “confianza” a las empresas para radicarse en el país vecino.
Por estos lados, la “desconfianza” del sector externo viene dada a que pasan días, meses y años del gobierno de Cambiemos y, ni llega la lluvia de inversiones, ni salen los brotes verdes. Muy por el contrario, la deuda crece día a día por millones, aumentan los índices de desocupación, de pobreza y de empleos precarios. 
En este escenario, el empresariado pide a gritos que la reforma sea sancionada cuanto antes para poder radicarse en nuestro país sin tener que pagar impuestos ni lo correspondiente a los costos laborales ya mencionados. Sólo así es posible que elijan radicarse en nuestro país y no en Brasil donde, más allá de que el costo laboral es menor, la debilidad política no lo convierte en un buen destino para la inversión empresarial. 
Otra de las amenazas incluidas en el proyecto es la eliminación de los Convenios Colectivos de Trabajo lo que generaría una resistencia por parte del sector gremial cuyo modelo es sólido en comparación con el resto de los países y con Brasil en particular. En este sentido, el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, manifestó que en principio no necesitaría sancionar la reforma porque su intención es “negociar acuerdos sectoriales con empresarios y gremialistas con el eje en la modificación de convenios para así bajar los costos laborales y reducir la conflictividad”[2]. Desde su asunción, el gobierno ha comenzado con esta tarea. Ejemplos reales y concretos de esto son los acuerdos realizados en Vaca Muerta y en Sancor, donde el Gobierno negoció con las empresas y gremios para sostener las fuentes de empleo a cambio de la reducción del aporte solidario que recibían, el congelamiento de las paritarias y la modificación del convenio de trabajo. 

Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo impactaría en Rio Ceballos?

Recurrentemente escuchamos decir “yo tengo que trabajar igual”. En un punto esto es cierto, porque en una sociedad/grupo humano, es necesario que todos aporten de alguna manera para que en la misma se produzcan los bienes que necesitamos. Lo que cambia es cuánto tenemos que trabajar, en qué condiciones debemos hacerlo y cuánto es lo que ganamos.
En Río Ceballos, según el informe realizado por la Oficina de Empleo en el año 2012, “el perfil económico tradicional de la ciudad ha sido el turístico, pero en la actualidad las actividades que demuestran mayor dinamismo son el comercio y el sector de servicios”. Además, “el sector público-estatal es de gran importancia para la economía local y emplea una considerable cantidad de personas (Municipalidad, escuelas públicas, policía, Banco de Córdoba, Dirección de Rentas, Ceder, otros)”. Al mismo tiempo, destaca que “la amplia mayoría de esos comercios son pequeños, por lo que no tienen capacidad para la generación de fuentes de trabajo en escala ni de absorción de mano de obra”. Al momento de contratar personal, “muchos empleadores no exigen experiencia previa, incluso prefieren que no tengan experiencia para poder formarlos a la manera de comercio-empresa”. Y plantea que “esto último podría ser la causa por la cual existe luego alta rotación, deserción y desvinculación”.
A partir de estos datos podemos hacer un análisis de las condiciones de contratación promedio de los habitantes de esta ciudad: contratación informal de 8hs., con sueldos acordados en función del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y aquí comenzamos con los problemas.
En primer lugar, la reforma laboral pretende que NO haya un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), sino que cada empresa o comercio lo regule en función de lo que crea conveniente. El pago de un piso salarial o de un salario mínimo no será obligatorio en la remuneración por producción. Además, los trabajadores y las empresas podrán negociar todas las formas de remuneración (vacaciones, jubilación, asignación por hijo, etc.), que no formarán parte del salario. 
La jornada diaria que es de 8 hs. podrá ser de 12 horas. No se consideran dentro de la jornada de trabajo las actividades en el ámbito de la empresa como descanso, estudio, alimentación, interacción entre colegas, higiene personal y cambio de uniforme.   
Actualmente, las convenciones y acuerdos colectivos pueden establecer condiciones de trabajo distintas a las previstas en la legislación sólo si otorgan al trabajador un nivel superior al que está previsto en la ley. Lo que ahora se propone es que los convenios y acuerdos colectivos pueden prevalecer sobre la legislación. Así, los sindicatos y las empresas pueden negociar condiciones de trabajo diferentes a las previstas en la ley, pero no necesariamente en un nivel mejor para los trabajadores, como poníamos de ejemplo anteriormente. También implica que los acuerdos personales prevalezcan sobre los colectivos, lo que además genera una competencia entre los mismos trabajadores.        
Los puntos analizados aquí son sólo algunas de las implicancias que tendría la reforma, a sabiendas de que “para muestra, basta un botón”. Para quien desee profundizar, recomendamos la lectura del trabajo realizado por el Sindicato de la Almientación que contiene los 22 puntos de la reforma de Brasil en comparación con nuestro sistema vigente.

¿Todos los caminos conducen a la reforma?

NO, es mentira que no haya alternativas.
Es cierto que sería necesario abrir una discusión profunda para concebir una Reforma Laboral, pero el abordaje de ese debate debe darse en un marco de garantía de los derechos adquiridos y de un Estado presente en la regulación de la economía, a través de la promoción de mercados alternativos y con la mirada puesta en la producción nacional y el consumo interno.
Por último, hay dos aspectos fundamentales en este análisis que necesitamos poner en consideración. El primero es que, con el triunfo del gobierno en las elecciones del 22 de octubre, la Reforma Laboral se pretende imponer como proyecto legislativo pero, mientras tanto y en el caso de que por esta vía no sea posible, se va a continuar con los acuerdos de flexibilización por empresa. Es decir, si no existiera consenso legislativo, se acortaría camino en tratativas directas con el sector empresarial. 
El segundo aspecto tiene que ver con que la Reforma Laboral forma parte de un combo de medidas entrelazadas unas con otras, que el gobierno pretende imponer: La Reforma del Sistema Previsional, la Reforma Impositiva, el Plan Maestro en Educación, y la Reforma sobre el Sistema de Salud. Todo esto bajo la idea de un gobierno de sociedades donde el Estado como garante y protector de los derechos sociales se disuelve. En este sentido es que ya se lleva adelante la creación de sociedades/fundaciones para la prestación de servicios sociales a partir del vaciamiento del sector estatal, como es el caso del PAMI y de Vialidad Nacional [3] y [4]
Es necesario que como trabajadores prestemos atención, las estudiemos, las analicemos para poder oponernos desde cada sector con propuestas superadoras y acordes a las necesidades de los trabajadores.

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[1] http://www.agepeba.org/2017/07/28/macri-contra-los-argentinos-reforma-laboral-a-la-brasilena-y-para-los-jubilados-el-ajuste-que-propone-el-fmi-y-la-ocde/
[2] Jorge Triacca, “Reforma laboral: por ahora el Gobierno impulsará acuerdos sectoriales”; La Nación, 16/9/17.
[3] Mediante el decreto 794/2017 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional creó la empresa Corredores Viales S.A., que tendrá las mismas funciones que tiene Vialidad Nacional. Según figura en el documento, el principal accionista de la sociedad anónima será el Ministerio de Transporte, con un 51 por ciento de las acciones, mientras que el restante 49 le corresponderá a la Dirección Nacional de Vialidad. “La ruta que lleva directo a la privatización”. Juan Funes; Pagina 12; 5/10/ 2017.  
[4] https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/171822/20171004