¡S.O.S. Río Ceballos!

En los años 80 al regreso de la democracia y hasta 1991, asistir a una sesión del Concejo Deliberante era presenciar un duelo intelectual, político e ideológico al mismo tiempo desafiante y estimulante. Recuerdo que era muy chico (12 o 13 años la primera vez que asistí –vaya a saber uno por qué curiosidad adolescente– a una de aquellas sesiones. 
Allí escuché a dos de aquellos ediles cuya presencia guardo especialmente en la memoria. Uno era Jorge Achad, peronista, abogado, intelectual de palabras difíciles. El otro, su contraparte y al mismo tiempo su complemento, un radical de hablar pausado y medido pero de convicciones fuertes: Víctor Amuchástegui. 
El recuerdo de ambos me invadió la noche del viernes pasado, cuando asistí a una sesión especial del Concejo Deliberante, convocada para declarar la emergencia municipal.
Es difícil ser sincero sin sonar cruel, pero confieso que a los 20 minutos de estar ahí agradecí que Achad –murió hace unos años- no tuviera que presenciar la involución que ha sufrido el cuerpo y rogué que Víctor, quien ya es mayor, no tenga que ver nunca lo que pasa todos los miércoles en las reuniones del Concejo Deliberante actual. 
Me cuesta creer que 33 años después del regreso de la democracia aquellas discusiones políticas sólidas, profundamente ideológicas y casi viscerales, pero siempre respetuosas, que se presenciaban en el Concejo Deliberante, hayan bajado tan notablemente de nivel. Realmente duele decir que la gran mayoría de los concejales actuales sólo enuncian frases vacías, banales y hasta violentas hacia sus pares. 
En definitiva, en esta crónica de la declaración de la emergencia, usted podrá ver con cierta desazón que si uno suma a los siete concejales actuales juntos no llegan a ocupar los zapatos de aquellos dos. 

Emergencia debida

Desde hace un tiempo el intendente Albanese viene preparando el terreno para declarar la Emergencia del Estado Municipal. El principal argumento es que el municipio no está en condiciones de afrontar sus obligaciones y la supuesta razón de ello es “la desastrosa situación económica heredada de la gestión anterior”. El primer dato llamativo es que ninguno de los concejales que el miércoles pasado se reunieron para sancionar la ordenanza se detuvo en ese punto: Si realmente es desastrosa la situación en la que heredó Albanese el municipio: ¿por qué tardaron nueve meses en sancionar el estado de emergencia? Y peor aún: ¿por qué no se realizó una auditoria para poder demandar penalmente a la anterior administración? 
El Concejo Deliberante es, por definición, el órgano político más importante de la vida municipal y por eso llama la atención que varios concejales hagan tanto hincapié en que no provienen del mundo de la política. 
Los integrantes del actual concejo son todos vecinos con historia en la ciudad. La presidencia está a cargo de Martín Rivero. Viendo la sesión del miércoles el oficialismo mantiene un bloque sólido con Rivero, la concejal Ana Alonzo (hija del ex intendente Cacho Alonzo) y la concejal Elisa Tomé, empleada municipal. En el mismo bloque están alineados el médico Marcelo Leimgruber y, llamativamente porque pertenece a otro bloque, el concejal de Unión por Córdoba, Diego Graieb. Por el lado de la oposición, representando a Unión por Córdoba se encuentra Andrea Leguizamón –hermana de quien escribe– y en un bloque unipersonal, el concejal del Pro, Sergio Ruttili, a quien en el pueblo conocemos como “Ruta”. 
En el momento en que ingresé al recinto la concejal Leguizamón (Unión por Córdoba) se encontraba cuestionando los argumentos del proyecto del ejecutivo. En su alocución –sin dudas la más precisa y organizada a la hora de analizar el proyecto– aseguraba que no compartía las razones por las cuales el municipio necesitaba declarar la emergencia. Según Leguizamón, la mayoría de las políticas que el ejecutivo pretendía aprobar para salir de la crisis podían ejecutarse sin necesidad de declarar la emergencia. 
En este punto es importante entender que el presupuesto municipal está compuesto de lo que se conoce como “partidas específicas”. Es decir que la plata “X” está destinada al pago de la actividad “X”, mientras que la plata “Y” debe ser utilizada para el pago de “Y”. Porque si se usara la plata “X” para pagar “Y” se estaría cometiendo el delito conocido como “malversación de fondos”. Al declarar la emergencia municipal el ejecutivo queda habilitado para usar partidas específicas para lo que considere prioritario, haciendo lo que popularmente se conoce como “tapar huecos” y evitando legalmente ser acusado de malversación. El problema es que eso sólo puede hacerse con el apoyo del Concejo Deliberante y por eso resulta tan importante para Albanese el apoyo de sus ediles. 
El ejemplo entre “X” y “Y” no es antojadizo. El propio presidente del Concejo, Martín Rivero, que no pudo argumentar con solidez las razones por las cuáles es necesaria la emergencia, sí logró resumir claramente por qué necesitan usar plata destinada a otra cosa para pagar sueldos. Según Rivero había sido “muy angustiante” para el ejecutivo atrasarse en el pago a los empleados municipales (se les pagó el 11 de agosto) sabiendo que “en el banco el municipio tenía dinero afectado a otro destino”, que no podía usarse para los salarios. 
En ese contexto el argumento de Leguizamón resulta interesante. Según su mirada, el objetivo de la declaración de la emergencia municipal es únicamente tapar el problema económico y no para mejorar las políticas públicas. La concejal subrayó su miedo a que la administración Albanese pretenda deshacerse de empleados en tiempos en los que el trabajo escasea.  
Sin embargo no fueron esas argumentaciones las que hicieron enojar a algunos ediles. Lo que molestó a sus pares fue que sugiriera que todos se rebajen los sueldos: “Propongo que, si son ciertos los argumentos del intendente y se va a declarar la emergencia, seamos nosotros –los concejales- quienes demos el ejemplo y reduzcamos los sueldos del concejo, la planta política y del mismo intendente en un 50 por ciento”. 
Aquí hay que destacar que la sugerencia fue rápidamente apoyada por Marcelo Leimgruber (UCR) y por Sergio Rutilli (PRO), pero produjo la desesperación del presidente del cuerpo, Martín Rivero, Ana Alonzo, Diego Graieb y, sobre todo, de Elisa Tomé.
En ese momento no pude evitar recordar que Víctor Amuchástegui y Jorge Achad fueron concejales en tiempos en que ese trabajo era ad-honorem. Cuando Río Ceballos alcanzó los 10 mil habitantes y se convirtió en ciudad –aún sin carta orgánica– el municipio se regía por la ley provincial 8102, que indicaba que las ciudades debían pagarle el sueldo a sus ediles. La historia dice que fue el propio Víctor Amuchástegui, concejal del mismo partido al que pertenecen Rivero y Omar Albanese, quien pidió que si los concejales empezaban a cobrar sueldo por su trabajo se le retirara al cuerpo el título de honorable.  
Las fechas son interesantes porque el intendente de aquellos años era justamente Carlos “Cacho” Alonzo, el padre de una de las concejales presentes el miércoles en el recinto, Ana Alonzo. 
Déjenme seguir apelando a la memoria. Cacho estaba lejos de ser un intelectual, pero sin dudas es uno de los intendentes más honestos que tuvo esta ciudad. Tanto que después de gobernar dos períodos, no gobernó un tercero porque la gente lo volvió a votar en ese caso para convertirse en legislador provincial. 

Violencias en el recinto

A partir de la propuesta de reducir los sueldos, el presidente del Concejo llamó a un cuarto intermedio. El oficialismo parecía enojado no sólo con Leguizamón, sino sobre todo con Leimgruber. Sin embargo, lo más llamativo de ese momento fue ver que los concejales de Unión por Córdoba, Leguizamón y Graieb, no se unieron para discutir una estrategia conjunta, sino que este último fue directamente a consultar qué debía hacer con los referentes del bloque del radicalismo. 
En ese momento los presentes vivimos un momento realmente incómodo y violento. Quiero ser muy respetuoso al narrarlo. Uno de los concejales tiene una dificultad física que lo obliga a manejarse con muletas. Es posible -quiero creer- que ésa sea la razón por la que el cuerpo legislativo ya no se reúne en el incómodo primer piso del edificio Aciso, pero me pregunto: ¿puede ser que a nueve meses de asumir todavía no se haya solucionado el problema del baño y que este concejal tenga que trasladarse caminando hasta el bar Friends cada vez que lo necesite? Solucionar ese problema también es una emergencia.
La siguiente violencia fue verbal y tuvo ribetes tragicómicos. Algunos de los concejales dejaron de hablar de la emergencia municipal y se concentraron en maltratar a quien había propuesto la reducción de sus sueldos. 
La concejal Tomé (UCR) muy nerviosa, con serias dificultades para expresarse y en tono agresivo, acusó a Leguizamón de pretender hacer un uso político de la emergencia: “Ahora resulta que porque ella no votó a favor de los aumentos –los ediles se aumentaron el sueldo hace dos meses a algo más del doble y la única que votó en contra fue Leguizamón- usa eso para hacernos quedar mal”, le dijo para posteriormente afirmar: “A mí me daría vergüenza”. Posteriormente dijo que a ella la administración Spicogna la había dejado sin trabajo “el día de Navidad” y que la intendencia de Albanese no habia dejado a nadie sin trabajo. Terminó su intervención señalando con el dedo índice a Leguizamón y diciendo: “La concejal está queriendo sensibilizar a los otros concejales haciéndoles creer que los trabajadores corren riesgo de perder el trabajo, pero no lo va a lograr, porque nadie quiere echar a nadie”. Finalmente invitó a Leguizamón a renunciar a su dieta de concejal. 
Otro que habló fue Diego Graieb, pero resultó muy difícil entender qué era lo que quería expresar. Parecía no haber leído el proyecto al igual que algunos de sus colegas pero en su caso fue llamativo que ni siquiera se refiriese a la emergencia. En resumidas cuentas enunció las siguientes frases textuales: “Yo me dedico a otra cosa. Nunca quise hacer política y ahora estoy acá, pero quiero mucho a este pueblo”. “Me asombra que haya gente que quiera golpear al gobierno”. “Le pido a Dios que ilumine al intendente”. “No puedo creer que haya gente buscándole el pelo al huevo”. Finalmente sí logró claridad al momento de explicar que se negaba a rebajarse el sueldo: “No por mí, sino porque hay funcionarios que tienen que mantener a su familia con ese dinero”.
Por su parte Sergio Rutilli también pidió a Dios que ayude al intendente Albanese, deseó que éste tenga “la sabiduría para reconducir la situación” y coincidió en la necesidad de enviar un mensaje a la sociedad reduciendo los sueldos de los concejales. En su caso, como le parecía demasiado el 50 por ciento, sugirió un 25 que no consiguió ningún apoyo. 
Allí llegó el turno del Presidente Rivero que, mirando especialmente a Leimgruber y a Rutilli –necesitaba asegurase sus votos- habló del “desastre que dejó la administración anterior” sin explicar por qué no hacía una denuncia penal al respecto y aseguró: “No pensamos echar a nadie”. Después contó la anécdota relatada más arriba de por qué se les pagó el sueldo a los empleados recién el día 11 de agosto. Finalmente pareció enredarse en su argumento para rechazar rebajarse el sueldo y, mirando al público presente, pero dirigiéndose a Leguizamón, dijo: “Si yo hubiera votado en contra de aumentarme el sueldo realmente sentiría vergüenza, mucha vergüenza sentiría de cobrar lo que cobro (unos 24 mil pesos aprox.), pero como no voté en contra de ese aumento no siento vergüenza de cobrar lo que cobro.”

La votación

La técnica legislativa es tramposa. Si un edil vota en contra de un proyecto en general, no puede después intentar implementar cambios en los artículos en particular. Eso hizo que tanto Leimgruber como Leguizamón y Rutilli votaran a favor de la emergencia en general para intentar cambiar algunos aspectos de la norma. Sin embargo, aunque Leguizamón –la única que los sugirió- logró algunos cambios menores en la redacción del texto, no logró el voto de sus colegas para las cuestiones de fondo. El momento más evidente de esto último fue se discutió la rebaja de los sueldos y Leguizamón y Leimgruber sostuvieron su voto, mientras los otros cinco concejales ganaron la votación eliminando la posibilidad de que los funcionarios políticos envíen un mensaje a la población como aquellos pretendían.

Hacia el final de la sesión tomó protagonismo Ana Alonzo, la integrante de oficialismo que mejor conocía el proyecto (de echo las únicas ediles que parecían haberlo estudiado eran ella y Leguizamón). En tres oportunidades hizo referencia a su padre Cacho Alonso y se comprometió –por la memoria de aquel primer intendente tras el regreso de la democracia– a que “nadie va a quedarse sin trabajo a raíz de la ordenanza de emergencia”. Después dijo que “el espíritu de la ordenanza no es sacar gente ni reducir horarios”. Finalmente también se refirió a la anterior gestión asegurando: “No puedo dejar de asombrarme, porque fui oposición por cuatro años en la gestión anterior y testigo del despilfarro económico que llevó adelante esa administración. Pasaban facturas de champagne, despilfarraban en horas extras y se pagaban sueldos extraordinariamente altos”. 

Al finalizar la sesión volví a recordar a Achad y Amuchástegui. En aquellos años se produjo un escándalo porque una cajera del municipio, mientras Cacho Alonzo era intendente, sustrajo una importante cantidad de dinero de la caja. Esa mujer fue echada pero el concejal opositor Jorge Achad consideró que también debía ser alejado del cargo el funcionario político que era responsable de dicha área. Cuando el intendente Alonzo se negó a hacerlo, el planteo de Achad contó con el apoyo de varios concejales del radicalismo que, aunque sabían que Alonzo era una víctima más del robo, también sabían que un Concejo Deliberante verdaderamente honorable es aquel que no acompaña al intendente a tontas y a ciegas. Legislar y ser oficialismo también consiste en decirle al intendente cuándo está equivocado y cuándo comete un error. 
Pero claro. Eso pasaba antes.  

Despiece: 

Un órgano político con una historia rica

Cuando se discutía la redacción de la Carta Orgánica Municipal varios proyectos hablaban de que los ex concejales pudieran conformar una especia de órgano consultivo para asesorar a los ediles en funciones. En este sentido resulta evidente que los actuales legisladores, que son nada más y nada menos que “representantes del pueblo”, podrían recurrir a viejos ediles para que los ayuden en su trabajo. 
No sólo Achad y Amuchástegui hicieron honor a sus cargos. Hubo otros concejales destacados como Pedro Ciani y hasta Pipo Campos a quien critiqué toda la vida porque pensaba que el municipio se podía manejar como su propia estancia pero que tenía una mirada global indiscutible sobre el pueblo. En el grupo de los destacados también se puede marcar el rol que tuvieron Olga Paz en diferentes períodos y Enrique Dávila en la primera de sus gestiones. También el radical Fernández aportó miradas importantes al cuerpo y hasta José Luis Chesa podría ayudarlos. 
Las sesiones del Concejo Deliberante son abiertas. El carácter político del órgano debería ser tomado como una tribuna en la que el pueblo pueda ver a sus representantes discutiendo justamente sobre eso de lo que son responsables: la discusión política. En la audiencia del viernes pasado había apenas unos siete vecinos y aunque hacia el final llegó la encargada de prensa del municipio que sacó fotos a los presentes y se concentró el filmar a este cronista, sería interesante que el cuerpo invirtiera energías en que muchos vecinos presencien sus discusiones y en que las cosas que se discuten allí se hagan públicas.