Trabajar es el plan: la odisea de ingresar al mundo del trabajo

Gabriela Oliva
Aunque desde hace años existen diversos programas de capacitación e inserción laboral creados por el Estado Nacional y administrados por los municipios, muchas veces las buenas intenciones quedan en el camino. Empresarios que se benefician de políticas destinadas a mejorar la situación de personas desocupadas. Empleos formales que se pierden. Funcionarios que hacen la vista gorda cuando las reglas no se cumplen. Precarización laboral a la orden del día, también en Río Ceballos. 

6: Marcha 2X1

Marcha 2X1

El popularmente llamado “Plan Jóvenes” se inscribe dentro de las Acciones de Entrenamiento para el Trabajo en el sector privado. Este programa de capacitación es una iniciativa del gobierno nacional, que en el año 2010 unificó los criterios y alcances de otros programas que venían llevándose a cabo. Estas acciones de entrenamiento están destinadas a trabajadores desocupados del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Seguro de Capacitación y Empleo, del PROGRESAR, Egresados de los cursos de Formación Profesional y participantes del Programa Prestaciones por Desempleo. Cabe aclarar que el espectro de beneficiarios es más amplio que los jóvenes de 18 a 24 años del“Plan Jóvenes”. Una persona de 45 años que cobra el seguro por desempleo también puede percibir estas acciones de capacitación. 

Este programa es una política pública nacional pero son las Oficinas de Empleo de los municipios las encargadas de su gestión y administración. En Río Ceballos esta dependencia se creó en noviembre de 2011. Su función es vincular a quienes buscan y ofrecen trabajo, apostando a la inclusión laboral de personas con problemas de empleo. También deben ofrecer capacitaciones para mejorar la empleabilidad de la población y gestionar programas nacionales en el municipio. 

La descripción en papeles dice que este programa “es un proceso de aprendizaje teórico-práctico en un puesto de trabajo específico en una empresa que incluye formación y tutoría para enriquecer las destrezas y habilidades de trabajadores desocupados.” Las prácticas se realizan de lunes a viernes, durante 4 horas diarias, cumpliendo un total de 20 horas semanales, siempre en la franja horaria de 6 a 22 hs. La extensión de las mismas puede ser de 1 a 6 meses. Los trabajadores y trabajadoras -denominados aprendices- reciben una ayuda económica mensual de $3.600, que se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o en forma conjunta con las empresas según su tamaño (las únicas que no realizan aporte son las micro).

Son obligaciones del empleador proveer los insumos necesarios, como herramientas o uniforme,contratar un seguro de accidentes y un plan médico, y entregar certificación que acredite las actividades realizadas. La idea básica del programa es capacitar a los aprendices de forma teórica y práctica: para ello los empleadores tienen que presentar un proyecto de capacitación en las Oficinas de Empleo. Además, el empleador no puede utilizar la fuerza de trabajo de los aprendices para cubrir francos de su personal permanente. 

Estos “planes” fueron una apuesta del Gobierno Nacional anterior para generar políticas públicas direccionadas a los sectores sociales que tienen la imposibilidad, por diversos motivos, de acceder a un empleo formal. El trabajo digno es un derecho garantizado por la Constitución Nacional, por ende, podemos decir que es casi una obligación del gobierno diagramar políticas y acciones tendientes a generar empleo. 

Es por eso que el “plan” no se circunscribe sólo a que las empresas puedan gozar de empleados gratis y solventados por el Estado. La norma contempla la posibilidad de que las empresas, después del período de capacitación, puedan incorporar a esos “entrenados” como empleados en relación de dependencia; ponerlos en blanco a través del Plan de Inserción Laboral. De hecho, es condición para que las empresas puedan renovar el proyecto e incorporar nuevos “aprendices”, acreditar la contratación laboral de trabajadores entrenados en el período anterior. Por cada trabajador contratado se pueden incorporar hasta tres nuevos participantes para un nuevo entrenamiento. 

El denominador común es que las partes involucradas no cumplan con las obligaciones estatuidas; y acá pueden incumplir todos, tanto el Estado como las empresas o los trabajadores. Pero, en la realidad, el más desprotegido es el trabajador, que se encuentra realizando su labor en calidad de capacitaciones: no está en blanco, no cobra aguinaldo, no hace aportes. El Estado nos dice que esto no puede ser un ciclo vicioso, y que las empresas deben, gradualmente, incorporar a esos aprendices como trabajadores formales. Pero en la práctica ¿cuántas empresas, luego de beneficiarse seis meses con fuerza de trabajo a bajo costo, incorporan “aprendices” en su planta de empleados? ¿Las Oficinas de Empleo hacen los seguimientos correspondientes para verificar que las empresas cumplan sus obligaciones? Y lo más importante… ¿sigue siendo una prioridad del gobierno la implementación de políticas de empleo? 

Notas relacionadas: