Un plan para la educación con financiación pendiente

Fernanda Libro
Luego de un inicio de año convulsionado por las paritarias, el gremio docente vuelve a reunirse en asambleas escolares, esta vez para discutir el Proyecto de Ley Plan Maestr@. El borrador proviene del Ministerio de Educación de la Nación y hasta el momento genera más dudas que certezas. A continuación, Aguatrae presenta una lectura del texto que circuló entre los docentes.
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Un nuevo Proyecto de Ley educativa está en marcha. El Plan Maestr@, que en caso de ser aprobado por el Congreso de la Nación sucederá a la actual Ley de Educación Nacional, ha iniciado su periplo camino a la sanción. A diferencia de la aún vigente, este nuevo proyecto contó con un solo canal de debate habilitado desde el Ministerio que lo auspicia: un foro virtual denominado “Diálogo ciudadano” al que se accede ingresando al sitio oficial del Ministerio de Educación de la Nación, destinado a que “puedas hacer tu aporte a las metas del Plan”, según puede leerse allí. Esta instancia participativa –virtual, sin difusión y sin debate- suena, cuanto menos, un poco contrastiva respecto de lo que fue el proceso de sanción de la Ley 26.206. En aquel entonces, la discusión respecto al proyecto de Ley copó las aulas: además de las clásicas consultas a especialistas, se implementaron jornadas institucionales de debate, encuestas de opinión pública, jornadas de debate internacional y foros virtuales de discusión. Nada de esto está sucediendo con el rimbombante Plan Maestr@. Sin embargo, luego de algunos meses en los que circuló el runrún del lanzamiento del Plan, en el mes de septiembre los gremios de educación convocaron a asambleas escolares para que llegue a las aulas el debate que los distintos estratos gubernamentales no propician.

Endúlzame los oídos, por favor

Hay una serie de enunciados que se repiten a lo largo del borrador del proyecto de Ley que son, en principio, tautológicos. “Garantizar la igualdad de oportunidades” y “mejorar la calidad educativa” son propósitos con los que nadie podría disentir ya que constituyen, al menos para quien escribe, el leitmotiv de toda ley de educación. Ambos enunciados se repiten numerosas veces a lo largo del texto, acaso sobreactuando las “buenas intenciones” del proyecto. Así, el borrador está plagado de diagnósticos y objetivos que nadie podría desconocer. Ejemplo emblemático, el segundo subtítulo del capítulo 2, que reza: “Mejorar significativamente los resultados de aprendizaje”. ¡Quién podría negarse! Pero, al mismo tiempo, las propuestas para dinamizar y efectivizar el sistema educativo dejan abiertos una serie de interrogantes que desembocan en una enorme y sola pregunta: ¿quién va a financiar tanta buena voluntad?

Innovemos, que lo demás no importa nada…

En este conjunto de enunciados repetitivos e indiscutibles, hay algunos que no terminan de transparentar sus implicancias y tras los cuales comienzan a crecer las sospechas. Las dudas se ordenan alrededor del propósito, varias veces explicitado, de generar “un nuevo modelo de organización institucional que garantice el acceso equitativo” de –supuestamente- tod@s a esto que ya las leyes anteriores consagraron como un derecho humano. ¿Qué implica esta nueva organización?

La estrategia discursiva desplegada para explicarlo es, igualmente, repetitiva: se reconocen los avances en materia de educación generados a partir de las leyes precedentes, para luego señalar la insuficiencia o el límite alcanzado. Allí, a partir de ese límite, comienza a jugar la propuesta del Plan. Por ejemplo: la obligatoriedad de la escolaridad es un principio básico fuera de discusión. El proyecto reconoce que la Ley 26.206 propició grandes avances en esta materia. “Sin embargo”, el adverbio adversativo más repetido en el borrador, la terminalidad es un objetivo aún pendiente. Sí: el diagnóstico es indiscutible. Las causas, no tanto. Las soluciones, menos aún. El borrador del proyecto propone lo siguiente:

“A su vez, es necesario convocar a todos los organismos públicos, empresas, sindicatos y organizaciones sociales, para el desarrollo de proyectos específicos que permitan terminar la escuela secundaria a través de ofertas alternativas de calidad; acreditando saberes por experiencia y utilizando modalidades semipresenciales, virtuales y a distancia, según la demanda no satisfecha de nuestro territorio nacional lo requiera.”

Preguntas/sospechas: ¿por qué las empresas deberían propiciar ofertas alternativas de educación? ¿Qué intereses podría mover a las empresas a hacerlo? La respuesta parece insinuarse en el apartado siguiente, “Mejorar significativamente los resultados de aprendizaje”, donde se lee:

“Por otro lado, un dato significativo y alarmante que muestran los resultados es que en los niveles de logro alcanzados según sector de gestión (estatal o privada) y por nivel socioeconómico, se observa que en los niveles socioeconómicos más bajos los estudiantes que asisten a escuelas de gestión privada alcanzan mejores niveles de desempeño que aquellos que asisten a escuelas de gestión estatal.”

Lo mismo sucede con la premisa “Aumentar el tiempo de enseñanza”, propósito a todas luces incuestionable, incluso, desde la perspectiva de la generación de empleo: más tiempo en la escuela implica más docentes. ¿Cómo se pagan las horas docentes sin aumentar el porcentaje del PBI destinado a educación? Recordemos que, entre los comunicados oficiales del gobierno nacional respecto a la implementación del Plan, se ratificó que no se incrementará el 6,4% alcanzado en 2010. De hecho, entre los enunciados primeros del borrador, se explicita que este porcentaje no se reducirá bajo ningún concepto –hubo algún rumor de retrotraerlo al 3%, finalmente descartado-, sin que se afirme, en paralelo, al menos la intención de aumentarlo. De todas maneras, esta extensión de la jornada escolar es inmediatamente contradicha en el apartado siguiente donde, bajo el criterio de la “innovación pedagógica”, se plantea reorganizar y “dinamizar el modelo institucional de la educación obligatoria”. La idea se completa en el capítulo 6, “Educación y trabajo”, donde se plantea:

“Los distintos actores de los sectores socio productivos manifiestan una brecha entre las habilidades demandadas por los procesos de trabajo y las adquiridas por los estudiantes en el sistema educativo. De estas investigaciones se desprende que un elevado porcentaje de actores del sector socio productivo reporta dificultades para incorporar trabajadores y técnicos con capacidades y habilidades técnicas específicas y no específicas. En relación a ello, los distintos actores del sistema socio productivo sostienen que hay deficiencias en la oferta del sistema educativo. La falta de un vínculo con prácticas laborales y de un desarrollo más profundo en habilidades centradas en la resolución de problemas tecnológicos y productivos son los principales aspectos negativos de la educación técnica actual.”

Todo parece tender a la “Secundaria del Futuro” impulsada en la Ciudad de Buenos Aires por su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, que obliga a los estudiantes que cursen el 5to año a trabajar gratuitamente en empresas. El “futuro” tuvo como respuesta la toma estudiantil de al menos 25 escuelas.

Ahora, pese a no explicitar si se crearán más cargos docentes para extender la jornada, el Plan no deja de darle una vueltita al escabroso tema del salario docente. Es extraño: en primera instancia critica el Fondo Compensatorio, proponiendo incluso su quita paulatina (2016 mismo monto que en 2015; 2017 = 75% de este monto; 2018 = 50%; 2019 = 25% de este monto y en 2020 desaparece este concepto), para luego anunciar la creación de un nuevo fondo compensador, que garantice que el salario docente se eleve 20 puntos por encima del mínimo vital y móvil. ¿Quitarlo para volver a implementarlo o quitarlo para que lo implementen otros?

Afirmar con la boca, negar con las manos

Innovación pedagógica y vinculación al mundo laboral no son propósitos ni originales ni desconocidos en las legislaciones precedentes. Lo original aquí es enunciar objetivos que se contradicen en los hechos más recientes de la misma cartera que redacta el Plan. Uno de los “sin embargo” en el que insiste el borrador se vincula a la insuficiencia de las acciones emprendidas por parte de los gobiernos anteriores en materia de TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación, la última cresta de la ola de la innovación pedagógica). Estrategia discursiva ya descripta: se reconoce que los programas Conectar Igualdad y Primaria Digital aportaron un gran número de computadoras a las escuelas estatales, “Sin embargo, la mera provisión de tecnología digital no garantiza su uso y apropiación en la comunidad educativa”. Estamos de acuerdo, la provisión de equipos no garantiza la implementación de las TICs ni la mentada igualdad de oportunidades a su acceso. Pero es igualmente cierto que detener la implementación de estos programas –sucedido en marzo de 2016, cuando el gobierno nacional provincializó la decisión de continuar o no con la provisión de equipos- aleja cada vez más, al menos a la educación pública, del objetivo de la innovación. Sin equipos no hay buenos propósitos que alcancen.

Educación superior y desarrollo científico no quedan afuera de esta contradicción entre legislación y ejecución. El diagnóstico del borrador respecto a los avances en materia de ciencia y técnica es algo que ningún funcionario osaría contradecir.  Por primera vez en la historia del país, el sector público absorbió la mayor parte del desarrollo científico –el 70% de la producción de conocimiento científico quedó bajo la órbita del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y las Universidades Públicas-, políticas declaradas en el Plan Argentina Innovadora 2020, propulsado por el Ministerio de Ciencia y Técnica en 2012.  En los momentos en que se escribe esta nota, el MinCyT se encuentra tomado por, entre otros, 500 científicos que obtuvieron doble recomendación para su ingreso a carrera de investigador en 2015 y cuya efectivización se hace esperar desde febrero de 2016. El 60% de los científicos recomendados aún aguarda que el tan repetido interés por la innovación tecnológica los contemple.

Declarada la importancia de la ciencia, reconocidos los avances alcanzados hasta aquí, hace su aparición el adverbio adversativo:

“Sin embargo, la generación de conocimiento tiene muy baja articulación e impacto directo en la producción y el desarrollo, lo cual es reflejo de la poca interacción entre los sistemas de producción y el enfoque de los mismos.”

Para entender a qué se refiere con “muy baja articulación e impacto directo en la producción y el desarrollo”, debe atenderse a los objetivos propuestos para Educación Superior, entre los que se lee “Profundizar la vinculación con el sector productivo” y “Aumentar las estrategias de internacionalización de la educación superior”. Si usted sospecha de estos propósitos, sepa que no es el único.

Digamos por último que la sola y gran pregunta de la financiación del Plan tiene una respuesta –o al menos un esbozo- desarrolladas en la escueta página y media que ocupa el capítulo 8, “Financiamiento del Plan”. Se reconoce: la Ley de Financiamiento Educativo ha cumplido el objetivo de destinar el 6% del PBI exclusivamente a educación, ciencia y tecnología. Se aclara: el Plan considera declarar protegida esta inversión, “de manera que no pueda ser objeto de ajustes”. Y se estima: “la necesidad de aumentar el nivel de inversión en un valor estimado de $135.136 millones anuales para el año 2026 sumado a una inversión en infraestructura durante los próximos diez años de $ 55.238 millones”. Hechas las cuentas, se establece que el gobierno nacional ejecutará la inversión relativa a infraestructura, formación docente y educación superior, mientras que los gobiernos provinciales asumirán la inversión en salarios docentes y la ampliación de la planta docente y su incremento para universalizar el acceso a todos los niveles. Sumemos entonces: tenemos estimaciones y cálculos, federalización de las responsabilidades de la inversión, un 6% del PBI destinado a educación y protegido contra todo ajuste, y ninguna señal del origen de los fondos necesarios para cumplir con todo esto. Mientras esta señal se ausenta, las sospechas continúan creciendo.